Tania Peña (PL)
El miércoles 13 de octubre millones de personas en todo el mundo siguieron en vivo el increíble rescate de 33 obreros atrapados en una mina del norte de Chile.
Pero los que volvieron a la vida ese día fueron los primeros en advertirnos que otro pudo ser el final.
"Esto nunca más puede ocurrir", imploró el último de los rescatados ante el presidente chileno, Sebastián Piñera, cuando salió a la superficie, luego de 70 días sepultado a 700 metros de profundidad.
"Sáquennos de este infierno", había suplicado otro de los obreros en un mensaje a las autoridades semanas atrás.
Recién salido del hospital, confesó el minero Edison Peña: "Yo creía que no iba a volver. Lo pasamos muy mal. ¿Tiene que acontecer algo como lo que nos ocurrió para que todo cambie?"
Incluso, cuando el mandatario chileno quiso tener impresiones del primer rescatista que bajó al socavón a auxiliar a los trabajadores, la reacción del interpelado tomó un giro tal vez imprevisto:
"Ojalá todo nos sirva de experiencia y que las cosas en la minería chilena sean diferentes", espetó el experto.
En Chile no hay más opción que trabajar arriesgando la vida o quedar cesante, opina el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez.
Según datos oficiales, la minería está entre las cuatro actividades económicas con mayor tasa de mortalidad, al contabilizarse casi 400 muertos en la última década y 35 en lo que va de año.
En medio de la euforia mediática por el rescate de "los 33", un minero de 26 años moría aplastado por una roca en un yacimiento de oro de la región de Valparaíso, al punto que el diario oficial La Nación acotó que el hecho enlodó las celebraciones.
Sobre las causas de la tragedia en la mina San José, situada en el desierto de Atacama, 800 kilómetros al norte de esta capital, la revista Punto Final sacó a la luz interioridades que apuntan a más de un responsable en lo sucedido.
Precisó la publicación chilena que la referida veta se trata de una explotación de oro y cobre perteneciente a la Compañía Minera San Esteban, propiedad de la familia Kémeny, de larga tradición en actividades extractivas.
Recordó cómo desde hace años habían tenido lugar denuncias sobre la inseguridad del yacimiento ante el Servicio Nacional de Minería y Geología (SERNAGEOMIN), autoridades de Salud, el gobierno regional y la Superintendencia de Seguridad Social.
Esos organismos hicieron oídos sordos, no acusaron recibo y menos dieron respuesta, subrayó Punto Final.
Tal actitud se explica por la influencia de los Kémeny ante las autoridades, indicó. El rotativo puso los puntos sobre las íes: "los dueños del capital se preocupan esencialmente de ganar dinero, sin fijarse mucho en las formas de hacerlo".
A juicio del diputado del Partido Comunista Lautaro Carmona, la alegría por el rescate de los 33 mineros debió ir también acompañada de una reflexión acerca de cómo corregir la legislación respecto a las labores mineras en Chile.
Concluida la operación de salvamento, el propio presidente chileno anunció una profunda revisión en materia de seguridad laboral en varios sectores productivos del país, entre los que también enumeró la agricultura, el transporte y la pesca.
"Queremos sacar lecciones útiles y fecundas de lo que pudo convertirse en una tragedia", señaló Piñera en alusión al derrumbe del 5 de agosto.
"Un país que quiere ser desarrollado tiene que respetar y proteger a sus trabajadores", remarcó.
Y ciertamente, un mes antes del colapso del citado yacimiento se había cursado una multa a sus propietarios por el accidente que sufrió un trabajador y que provocó le fuera amputada una pierna.
A la sazón, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados pudo constatar diversas anomalías en la mina, como no contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro y no cumplir con normas de higiene y seguridad elementales.
Los parlamentarios también cuestionaron por qué los equipos que les correspondía vigilar y controlar, como la Dirección del Trabajo, SERNAGEOMIN y las autoridades sanitarias no actuaron ante hechos tan relevantes de conocimiento público.
Como parte de las investigaciones llegó a trascender la existencia de un dictamen, poco días antes del derrumbe, que bajo la rúbrica de Raúl Martínez, Secretario Regional Ministerial de Salud de la región de Atacama, autorizaba la reanudación de las faenas mineras en San José.
Poco tiempo después, Martínez renunciaba a su cargo y de igual modo se vería obligado a proceder el director de SERNAGEOMIN en la zona, Alejandro Vio.
Lecciones para un país minero
La minería en Chile aporta el 47 por ciento de las exportaciones totales y representa el siete por ciento del Producto Interno Bruto.
En el país existen unas cuatro mil 500 pequeñas y medianas empresas mineras y la institución estatal fiscalizadora sólo cuenta con 16 supervisores a nivel nacional, dos de ellos en la norteña provincia de Copiapó, donde está enclavado el yacimiento de marras.
Luego del sonado derrumbe en la región de Atacama las autoridades chilenas decidieron el cierre de 18 minas en esa área geográfica por carecer de condiciones para su explotación: no disponían de refugios, ni de túneles de ventilación, tampoco de vías de evacuación.
En opinión del doctor en Historia, Mario Amorós, el drama de los 33 fue consecuencia directa de unas condiciones de trabajo desprovistas de garantías y derechos en el marco de una economía neoliberal y de la voracidad de empresarios con un oscuro historial de accidentes.
Cuando la noticia del sobrecogedor rescate impactó al mundo, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet confesó a Prensa Latina que los mineros dieron un ejemplo de bravura y disciplina, pero alertó contra la euforia excesiva y llamó a sacar lecciones. "Este accidente pudo evitarse. Cuando hablamos de un empleo decente no podemos pensar sólo en el salario, sino en que sus condiciones garanticen la integridad física", enfatizó Bachelet.
Sobre las posibilidades de un real viraje en materia de seguridad laboral en Chile, el periódico chileno El Siglo se preguntó si realmente los sectores dominantes, en lo empresarial y en lo político, habrán tomado real conciencia de la situación imperante.
En sintonía con tal preocupación, una encuesta reveló tras el rescate de "los 33" el escepticismo de la mayoría de los chilenos con respecto a posibles mejoras en la seguridad laboral.
Según estudio conjunto entre la Consultora Imaginación y el diario Cooperativa de Chile, el 57 por ciento de los entrevistados cree que en poco tiempo los empresarios se olvidarán de las lecciones dejadas por el acontecimiento y todo volverá a ser como antes.
Casi el 97 por ciento de los consultados consideró además que el clima de inseguridad es un problema general de la actividad laboral chilena.
En 2009, verbigracia, se registraron en el país más de 190 mil accidentes laborales, con saldo de 443 muertos. Pero del lado oscuro de la realidad chilena no se habla mucho en el mundo, ni siquiera en tiempos de mineros y derrumbes.
Tania Peña es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Tomado de Argenpress.info
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