VENIMOS COMIENDO VENENOS HACE AÑOS

"Venimos comiendo venenos desde hace años" Mercado de abasto de Córdoba
Entrevista al fiscal Carlos Matheu

“Estos dos años se consumieron alimentos con pesticidas”

Por Cristian Maldonado


Esta muy buena nota publicada por la revista 23 y realizada por Cristian Maldonado, es una prueba contundente sobre la toxicidad de los pesticidas usados en los alimentos actualmente.
No se lo pierdan porque es un documento muy revelador.
Un Cordial saludo
Alejandro Romero
Ambientalista
calentamientoglobal@ymail.com



Buenas, les paso una entrevista al fiscal Carlos Matheu. Abrazo, Cristian

Entrevista al fiscal Carlos Matheu

“Estos dos años se consumieron alimentos con pesticidas”

Por Cristian Maldonado

Es el fiscal con mayor antigüedad de Córdoba. En 2007 le tocó investigar la causa de Barrio Ituzaingó y desde entonces se ha convertido en una especie de pionero en el tema de los agrotóxicos dentro de la Justicia argentina. El año pasado, luego de hallar pesticidas irregulares en frutas y verduras del Mercado de Abasto, imputó, entre otros, al intendente de la ciudad. Este año hizo lo mismo después de allanar nuevamente el mercado. En esta entrevista el fiscal Carlos Matheu aborda a fondo una problemática sobre la cual asegura, supone un “alarmante” y “silencioso” riesgo para la salud de población.

-¿Su acercamiento a los temas de justicia socioambiental, salud pública, comienzan con el caso de Ituzaingó Anexo?
-Sí, esta causa me llegó por sorteo hace más de dos años. A raíz de la fumigación aérea que se venía realizando, los vecinos denuncian casos de cáncer. A la fecha ya superan los 200. Hay numerosos casos de leucemia, hay muchos problemas con los embarazos interrumpidos, con los niños recién nacidos. Hay más de 70 personas muertas, es un tema que atañe directamente a la salud pública. Lo que se detectó en esa causa es que fumigaban en forma aérea y que había endosulfán y glifosato. Entonces se investigó, se imputó el delito y se elevó la causa a juicio contra los dos productores agropecuarios y contra el fumigador aéreo. Y esa causa luego, con todas las pruebas, que eran contundentes porque habían visto la matrícula de la aeronave que fumigaba y demás, bueno se elevó a juicio y el juez la sobreseyó.
-¿Por qué?
-El argumento del juez fue que nadie había visto el momento preciso en que la aeronave largaba la estela con el agroquímico. Evidentemente, mi modo de verlo es diametralmente opuesto y por eso apelé de inmediato la resolución, por cuanto la prueba es más que harto suficiente y probaba la fumigación. A día de hoy la causa está en la cámara de apelación para decidir mi acusación o el sobreseimiento del juez. Y esa resolución va a ser un ícono, porque, de quedar firme, va a ser la primera causa de la jurisprudencia argentina que va a juicio contra productores agropecuarios por fumigar en forma aérea con agroquímicos violando la ley.
-Teniendo en cuenta que hay más de 18 millones de hectáreas sembradas con soja en el país, y que las fumigaciones o pulverizaciones son algo habitual, ¿no es extraño que esta causa pueda ser la primera?
-Evidentemente que sí. Es algo que llama la atención porque no se advierte una política de persecución criminal hacia este tipo de delitos. Tal vez porque es muy novedoso y recién ahora se están empezando a ver en distintos puntos del país las secuelas y los efectos perniciosos que pueden generar estos productos en el ser humano. Fumigar con agroquímicos no es una actividad ilegal, pero hay que desarrollarla cumpliendo con los parámetros permitidos.
-Después llegaron las causas del mercado, ¿cómo fue?
-Bueno, el año pasado hubo una actuación iniciada de oficio por la fiscalía a mi cargo, a raíz de una nota que salió difundida en un medio local, en la que el Foro Ambiental Córdoba daba cuenta de que en esta ciudad no se realizaban controles de pesticidas en el Mercado de Abasto de la ciudad. Iniciamos la investigación de oficio para ver cuál era la problemática, se hizo un allanamiento para conocer el estado sanitario de las frutas y las verduras que se comercializaban y que comían los habitantes de la ciudad, y la verdad es que fue contundente, sorprendente, diría. Sobre un muestreo de más de 30 mil muestras existentes, lo que llamó la atención es que en la pesquisa se tomaron 16 muestras al azar, y de esas 16 muestras, se obtuvieron nueve positivas. Lo cual si hacemos la proyección…
-Es más del 50 por ciento
-Es alarmante sí, nos está dando la pauta de que hay un verdadero descontrol en la utilización de agroquímicos por parte de los productores. Y luego se confirmó el análisis, al detectarse esta sustancia “clorperifos”, que es un insecticida poderoso, fosforado, que produce malformaciones neuronales, distintos tipos de cáncer, es proclive a estimular cánceres hematológicos. Este producto en Estados Unidos está prohibido por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), y en Argentina la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) lo prohibió directamente por su peligrosidad en los productos domisanitarios, que son los utilizados por ejemplo para los mata cucarachas. Sin embargo para el Senasa está en la categoría de clasificación toxicológica 2, considerado como moderadamente peligroso. Y bueno, ese producto se encontró en la espinaca, la acelga y la lechuga concretamente.
-En esa causa usted imputó, entre otros, al intendente de la ciudad.
-El hallazgo de clorperifos en espinaca, acelga y lechuga trajo como consecuencia la imputación de tres productores frutihortícolas del cinturón verde, por delito de envenenamiento doloso de sustancias alimenticias. También la imputación a las máximas autoridades del Senasa delegación Córdoba, por omisión de los deberes de funcionario público. También se imputó por esto mismo al director de Ferias y Mercados y por distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. Y se imputó al propio intendente de la ciudad. Fue acusado por abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
-Giacomino ha dicho que se lo está imputando equivocadamente debido a un “error conceptual”. Sostiene que la responsabilidad es del Senasa, ¿qué puede decirnos sobre esto?
-Bueno, lo que pienso al respecto ya fue plasmado en la causa de 2009. En ella quedó probado que el Senasa no cumplió con la obligación de efectuar los controles que por ley debe hacer. El propio Senasa, a través de la resolución 42 del año 2008 puso en funcionamiento el Sicophor, que es el sistema de control de pesticidas en frutas y verduras frescas en los mercados mayoristas. Esa resolución obliga a los centros regionales del Senasa a controlar los plaguicidas. Por otro lado, la resolución 148 del año 2007, también dictada por el Senasa, obliga a todos los administradores de establecimientos frutihortícolas administrados por municipios o provincias, a implementar un plan de monitoreo para detectar la presencia de plaguicidas prohibidos, no autorizados o que excedan el límite permitido en las frutas y verduras frescas que se vendan en esos establecimientos. Son dos obligaciones concurrentes para ambos, los dos están obligados a efectuar estos controles y ninguno los cumplió. No hay ningún error conceptual, está en la ley.
-¿En qué estado se encuentra la causa?
-Esa causa fue elevada a juicio por esta fiscalía, y ya estando la acusación en trámite, se me recusó de la causa, porque el juez de control hizo lugar a una de las partes, al abogado del director de Ferias y Mercados de la municipalidad. El doctor Arias Cabral. Se argumentó que en el año 95/96 me había iniciado un jury de enjuiciamiento. En aquel entonces yo como fiscal imputé a quien era en ese momento secretario de la lucha contra el narcotráfico, Julio César Aráoz, y Aráoz presentó la denuncia, en la que Arias Cabral firmaba como patrocinante (fue archivada). Y bueno, si bien esto puede ocurrir dentro del juego procesal, resulta al menos curioso que después de tantos años, más de 14, aparezca un abogado tratando de sacarme de la causa. De todos modos la causa ya está con una acusación y en manos de otra fiscal. Resta solamente que el juez de control Agustín Espina Gómez decida si confirma o no la solicitud de elevación a juicio contra todos estos imputados. Y si no la confirma, la fiscal que ahora me reemplazaría, Liliana Copello, tiene la posibilidad de apelar la causa, que está muy bien probada, los elementos probatorios son muy sólidos.
-Este año se produjo un nuevo allanamiento al mercado y se encontraron con algo parecido.
-Sí. Este año hubo una nueva causa judicial, también iniciada de oficio por esta fiscalía atento a los intereses tan importantes que estaban en juego, la salud pública de la ciudad nada menos, y la obligación que tiene el Ministerio Público Fiscal.
-¿En esta ocasión hallaron endosulfán?
-Correcto, en esta nueva causa se encuentra endosulfán en una cantidad superior a la autorizada para la lechuga. Para el Senasa el endosulfán se puede utilizar en la lechuga hasta un porcentaje mínimo de 0,1. Acá lo que salió fue el doble. Entonces hubo una nueva imputación contra las mismas personas anteriores y otros productores frutihortícolas. Pero también se encontró endosulfán en acelga, que en ese caso directamente está prohibido.
-Y lo recusaron de nuevo.
-Sí, el mismo abogado me volvió a recusar, y en este caso también rechacé la recusación y a su vez yo recusé al juez de control Espina Gómez, por cuanto entendí que actuó sin la imparcialidad debida en esta causa. Y el fundamento es que en la causa anterior, el trámite de recusación prevé una audiencia y ofrecimiento de pruebas para quien es recusado. El juez resolvió hacer lugar al pedido de recusación del abogado Arias Cabral, sin darme la posibilidad de ofrecer pruebas y contrariar el pedido de recusación. Se me privó de ese derecho y eso es grave a mi modo de ver porque denota un beneficio procesal para la otra parte y denota falta de imparcialidad.
-¿Por qué cree que no lo dejaron presentar las pruebas?
-La verdad es que no sé exactamente, pero tengo la idea de que como he puesto cierto énfasis en investigar este tipo de delitos, que recalco, ponen en juego nada más y nada menos que la salud pública de las ciudadanos, y como he actuado siempre de oficio, es decir, sin denuncia penal, sino que motivado por el deber que me impone la constitución y la ley, como he puesto tanto énfasis digo, quizás alguien, no sé quién, esté interesado en que estos hechos no se sigan investigando.
-Da la sensación de que los ciudadanos estamos bastante expuestos.
-Bueno, la causa del 2009 ha dejado demostrado que desde el primero de enero de 2008, fecha en que era obligatoria la implementación del Sicophor, no se realizaron nunca controles para establecer si había restos de plaguicidas. Por parte del municipio, nunca. Y aisladamente hubo uno o dos controles por parte del Senasa en esos dos años. Absolutamente insuficiente.
-Es duro pensar que podemos estar comiendo alimentos con veneno.
-Es que es así. Desde el momento en que yo los imputé, y elevé la causa a juicio el año pasado contra todos estos responsables, y le atribuí a los productores el delito de envenenamiento doloso de sustancias alimenticias, estamos hablando de que evidentemente hay peligro porque lo que se le atribuye es envenenar sustancias alimenticias de consumo humano. Las frutas y las verduras son fundamentales para los seres humanos habida cuenta de los nutrientes que tienen. Pero debemos consumirlas libre de venenos que nos pueden producir a mediano o largo plazo alguna enfermedad tan grave como el cáncer.
-¿Considera que ya se comprometió la salud de la población para los próximos años?
-Lo que pasa es que ya han transcurrido muchos años, al menos desde que se creó el Sicophor, que es obligatorio a partir del 1 de enero de 2008 y si desde entonces no se controló nada, quiere decir que estos dos años se consumieron productos con pesticidas y no se sabrán las consecuencias hasta más adelante.
-¿El mayor riesgo al que estamos expuestos es la intoxicación crónica?
-Hay que hacer una distinción entre lo que es la intoxicación aguda y la intoxicación crónica. Todos los productos toxicológicos producen intoxicación aguda y algunos pueden producir intoxicación crónica. En el caso del clorperifos, que fue el hallado, la intoxicación aguda es grave, evidentemente. Pero el problema que acá estamos analizando es el que trae la intoxicación crónica, que es aquella que consiste en intoxicarse por pequeñas dosis del producto químico que se ingiere a lo largo de un prolongado período de tiempo, que puede ser de siete, ocho, diez años, de acuerdo con lo dicen los especialistas. Y aquí está el problema: esa intoxicación crónica es la que puede producir cáncer. Estamos hablando de delitos contra la salud pública. La que acá se está investigando es la salud de la población, evitar que se enferme o se muera. Hay que tener en cuenta que cuando la contaminación es digestiva esto es muy grave porque va directamente al organismo y ahí se acumula porque estos productos no se degradan y se van a acumulando en los tejidos grasos.
-¿Por qué cree que esto no genera una preocupación social mayor?
-Yo creo que primero y principal, falta información y esto es responsabilidad de quien debería darla. Estos temas no tienen mucha difusión y por ende no se conocen. En segundo lugar pareciera, esto ya como ciudadano, que es un tema difícil de tocar habida cuenta de que hay muchos intereses en juego. Pero advierto que no hay concientización por parte de la sociedad de lo que significan estos riesgos. Sería muy conveniente que se instalara el tema, que se debatiera. Es muy importante llevar adelante campañas de concientización.
-¿Cómo se explica que a día de hoy no haya aún una ley nacional de agroquímicos?
-Eso es verdad, llama la atención que no haya una ley nacional de agroquímicos que contemple figuras penales específicas. Vincular por ejemplo la aplicación de agroquímicos en la fruta y verdura que consumimos cuando se utiliza un producto que está prohibido. No hay para eso una norma penal específica. Y tampoco hay una norma penal que prevea específicamente la prohibición de fumigar sin resguardar el ámbito mínimo de distancia que debe haber entre el campo y la población.
-El Senasa, que es el encargado de controlar la aplicación de agroquímicos, que autoriza la venta de los mismos, está integrado por representantes de las Confederaciones Rurales Argentinas, de la Federación Agraria Argentina o la Sociedad Rural Argentina, por ejemplo, entidades que tienen un interés comercial en todo este asunto.
-Sí, por supuesto, yo advierto como ciudadano, que si el ente que tiene facultad de controlar los agroquímicos está integrado por entidades con intereses, esto conspiraría contra una real independencia en cuanto a las decisiones que deberían tomarse en resguardo de la salud de la población. El Senasa en su directorio tiene entidades privadas interesadas en la materia; sí, creo que habría que rever esto. Y creo que habría que rever también el método que se utiliza para clasificar un producto toxicológico. El Senasa los categoriza como 1A, 1B, 2, 3, 4, y tiene en cuenta nada más el estudio que se hace en base a la intoxicación aguda, pero debería replantearse eso y tomar como parámetro cuál es el efecto que produce en la intoxicación crónica. Este parámetro no se tiene en cuenta. Hoy por ejemplo para el Senasa el Glifosato está en la clase toxicológica 4. Sin embargo para Europa y Estado Unidos está en la 2. Incluso ahora lo recategorizaron y está en el 1B.
-Después de todas las investigaciones que ha realizado y de lo que ha visto en este tiempo, ¿se anima a comer frutas y verduras?
-En lo personal tengo un antes y un después. Yo hoy estoy consumiendo productos orgánicos que son libres de pesticidas, y esa es una alternativa válida, como otras en la agricultura. Que tampoco sería malo difundirlo. Argentina es uno de los países que más exporta producción orgánica a Europa. Y si los europeos están consumiendo productos orgánicos es porque han entendido que son menos peligrosos.

Publicado en Revista Veintitrés
Por El polvorín - Publicado en: Politica - Comunidad: POLITICA Y PSICOLOGIA