Denuncian a CFK por omisión de los deberes de funcionario público
(POR CORTES DE LOS ASAMBLEÍSTAS DE GUALEGUAYCHÚ
En el día de hoy el abogado Enrique Piragini radicará una denuncia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal para que se investiguen la posible comisión de los delitos de “violación y omisión de los deberes de funcionario público” por parte de la presidenta Cristina Kirchner por tolerar el persistente e ilegítimo corte de rutas que vienen realizando los asambleístas en la zona de Gualeguaychú.
El letrado solicita la investigación para determinar si desde el Ejecutivo se instigaron tales acciones y fundamentalmente si se apoya o apoyó económicamente a tal movimiento vecinal teniendo en cuenta que el ex presidente Nestor Kirchner en su momento, fogoneó el corte que actualmente perjudica – y aún más que las papeleras- a argentinos y uruguayos.
Recordemos que el corte de vías de comunicación terrestre está reprimido por el Código Penal, siendo deber de fiscales y jueces aplicar la ley para todos los ciudadanos, sin distinguir entre oficialistas y opositores.
“Si la Presidente hoy sostiene que está en contra de esa metodología perniciosa, la del corte de rutas, y no hizo nada, no solamente ha incurrido en el delito de encubrimiento sino en omisión de los deberes de funcionario público, pues el art. 177 de la ley 23984 textualmente dice: `tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones´” destacó Piragini.
En la pasada reunión con el Presidente de Uruguay, Cristina sostuvo que es responsabilidad de la Justicia argentina el que se mantenga el corte que se viene desarrollando hace más de 3 años y medio, pretendiendo desligarse de su responsabilidad y trasladándola al tan mal ponderado por ella misma, Poder Judicial.
El texto de la denuncia a realizar es el siguiente:
Excma. Cámara:
Vengo a promover esta denuncia para que se investigue la posible comisión de los delitos de violación y omisión de los deberes de funcionario público por parte de la presidente Cristina Fernández De Kirchner por tolerar el persistente e ilegítimo corte de rutas que vienen realizando los Asambleístas de Gualeguaychú, perjudicando el desarrollo socioeconómico. Se solicita una profunda investigación para determinar quién instigó tales conductas antisociales, y fundamentalmente si el Estado Nacional apoya económicamente a tal movimiento vecinal. Cabe señalar que el corte de vías de comunicación terrestre está reprimido por el Código Penal, siendo deber de fiscales y jueces aplicar la ley para todos los ciudadanos, sin distinguir entre oficialistas y opositores. El ex presidente Néstor Kirchner en su momento alentó al corte que perjudica por igual a argentinos y uruguayos, por lo que cabe investigar su eventual responsabilidad al igual que sus cómplices, partícipes y encubridores.-
Si la Presidente hoy sostiene que está en contra de esa metodología perniciosa, la del corte de rutas, y no hizo nada, no solamente ha incurrido en el delito de encubrimiento sino en omisión de los deberes de funcionario público, pues el art. 177 de la ley 23984 textualmente dice: “Obligación de denunciar: tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones…”
En una reunión con el Presidente de Uruguay, la Presidente Fernández de Kirchner sostuvo que es responsabilidad de la Justicia argentina el que se mantenga el corte que se viene desarrollando hace más de 3 años y medio, pretendiendo desligarse de su responsabilidad trasladándola al Poder Judicial.-
Como si la Presidente olvidase que fue la administración kirchnerista la que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, disciplinando a su antojo a los magistrados y corrompiendo una herramienta fundamental para la transparencia en la designación y vigilancia de los jueces, manteniendo una mayoría oficialista que entorpece su funcionamiento y es utilizado como ariete contra los funcionarios judiciales, manipulando a su antojo exámenes, evaluaciones, propuestas y remociones de jueces que no se mostraran genuflexos a su poder omnímodo. Vale recordar cómo en tiempo record fue eyectado de su cargo el juez Dr. Guillermo Tiscornia por haberse “atrevido” a convocar en indagatoria a la Ministro de Defensa Nilda Garré.
El claro desprecio del Poder Ejecutivo ejercido por la denunciada, ha llegado a límites intolerables, viniendo al caso recordar la desobediencia a la orden del juez Dr. Sudera, en el marco del conflicto del sindicato de aeronavegantes, por parte del Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y la vergonzosa publicidad que se viene emitiendo en el canal 7 de tv oficial contra los jueces que fallaron contra una decisión arbitraria del ejecutivo, utilizando para ello espacio y dinero del Estado, en el marco del muy oneroso programa “Fútbol para todos”.
Si realmente la Sra. Presidente fuera Abogada, no debería olvidar tan elementales normas cuya violación implica también una especie de subversión institucional al atentar contra uno de los poderes del estado.
Proveer de conformidad, será afianzar la justicia.
Enrique Piragini
Abogado CPACF 22-23
Carlos Forte
Tomado de tribuna de periodistas.
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